CMDX.- La vida de la defensora indígena Lucila Bettina Cruz Velásquez está en riesgo por oponerse a proyectos de energía eólica en Oaxaca; por esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó la urgencia de aplicar “medidas cautelares” urgentes ordenadas en 2018, informó  la organización Global Rights Advocacy (GRA).

“Debido a su trabajo como defensora de derechos humanos protegiendo tierras indígenas del desarrollo eólico en el estado de Oaxaca, su vida e integridad personal se encuentran en riesgo extraordinario”, dijo la organización en un comunicado.

Para resistir el “desarrollo injusto de la industria eólica”, las comunidades originarias Ikoojts y Binni Záa constituyeron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa del Territorio y fundaron la Articulación de los Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño.

Como miembros fundadores, Cruz Velázquez, su familia y su comunidad “enfrentan grave peligro”, dijeron los originarios ante la CIDH.

Los organizadores recibieron múltiples amenazas y hostigamientos debido a su oposición a los parques eólicos en años recientes y “uno de los miembros de la Asamblea incluso fue asesinado”.

A pesar que la CIDH emitiera en 2018 las mencionadas medidas urgentes, requiriendo protección para los activistas, “el Gobierno nunca atendió el origen del riesgo”.

Las autoridades no investigaron las amenazas y atentados a su seguridad, y “las medidas que instauraron fueron inadecuadas, incluyendo radios, cámaras rotas y patrullajes inconsistentes, con gastos a cargo de los beneficiarios”, dice el informe.

Ante las deficiencias del plan de protección “el riesgo ha aumentado recientemente por su activismo en contra de un proyecto minero en la comunidad de La Ventosa, Juchitán”.

El GRA, en conjunto con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, y el apoyo de la escuela de derecho de la Universidad de Washington, presentaron una demanda contra el proyecto Eólicas del Sur ante la CIDH, que analizó el caso el 24 de septiembre pasado, con participación de representantes federales mexicanos.

La solicitud pide “determinar la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y a la propiedad comunal”, entre otros derechos.

Solicita también “especial atención al riesgo que corren las comunidades” tras la construcción y puesta en funcionamiento de 132 aerogeneradores en Juchitán, que producen 216 MW de energía.

La Jornada