• Los testigos y defensores de los derechos humanos han afirmado que habría recibido disparos por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero las autoridades todavía no han confirmado los hechos.

BOGOTÁ.- Un joven estudiante falleció la noche del martes en las protestas que se desarrollaron en la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca, en medio de un clima de tensión causada por el incendio del Palacio de Justicia de esa localidad y la acción de los cuerpos de seguridad en contra de los manifestantes.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su cuenta de Twitter manifestó su preocupación por estos hechos, todavía “por esclarecer”. “Hay una muerte violenta, un número indeterminado de heridos y el Palacio de Justicia incendiado. Estamos en contacto con autoridades y sociedad civil. Recordamos que los derechos humanos y el diálogo son la vía para superar esta situación”, agregó la organización.

Los medios locales informaron que la víctima fue Camilo Arango García, un estudiante de segundo semestre de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva), quien fue herido por un arma de fuego durante una manifestación y trasladado a la Clínica San Francisco, donde falleció. Los testigos y defensores de los derechos humanos han afirmado que habría recibido disparos por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), pero las autoridades todavía no han confirmado los hechos.

Con la muerte de Arango, ya son cinco las personas fallecidas en el contexto de las protestas en ese municipio del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, epicentro de las protestas en Colombia. Según la ONG Temblores, en casi un mes de manifestaciones en varias ciudades del país 43 personas han muerto presuntamente por la acción de la Fuerza Pública. 

Quema del Palacio de Justicia

En una noche que ha sido calificada como de terror, fue incendiado el Palacio de Justicia por un grupo de desconocidos. En las imágenes que han circulado en las redes sociales se aprecia cómo las llamas consumen parte de la edificación ubicada en el centro de Tuluá.

El ministro de Defensa, Diego Molano, responsabilizó a los “vándalos” de haber causado el siniestro para “obstruir la Justicia”, en el contexto de las protestas antigubernamentales. “Los responsables van a conocer el peso de la Ley”, advirtió.

Por su parte, el titular de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, publicó un video donde calificó el ataque como un” acto de terrorismo” cuyo fin es “sembrar caos y miedo”. “Estos hechos dejan de ser vandálicos y se encuentran en terroristas”, agregó.

Al respecto, el fiscal general, Francisco Barboza, dijo en un video que la institución “priorizará” la investigación y “esclarecerá los hechos”. “Debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia”, agregó.

Todo comenzó a las 7:30 de la noche, cuando hubo un conato de incendio que se extendió rápidamente hasta tomar la mayor parte de la estructura media hora después, según informó El País de Cali.

Los bomberos llegaron al edificio y lograron hacer un proceso de refrigeración de las paredes para evitar que el fuego se propagara a otras edificaciones, sin embargo, la situación de orden público en los alrededores habría impedido que podrían extinguir las llamas más rápidamente, refiere el medio. Los daños principales de la edificación ocurrieron en el techo y en el segundo piso.

Desde la tarde del martes, los grupos de manifestantes se mantenían en la plaza cívica Boyacá, hasta que fueron dispersados de manera violenta por los miembros del Esmad. A partir de allí se generaron disturbios.

Tras esos hechos, la Alcaldía de Tuluá informó que 20 personas, entre ellas dos menores de edad, han sido detenidas “de forma preventiva”, luego de que las autoridades realizaran desbloqueos en las zonas norte y sur de ese municipio.

Miembros de la oposición, entre los que se encuentran la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez, han afirmado en las redes sociales que la quema del Palacio de Justicia se hizo para “deslegitimar” la protesta y que los manifestantes no se benefician con ese hecho. Del mismo modo, la parlamentaria aseguró que las manifestaciones en esa zona han sido pacíficas por 20 días mientras no hubo actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por su parte, la Fundación Internacional de Derechos Humanos asevera  que “la mayoría de las pruebas e informaciones” que recibieron apuntan a la “acción de armados civiles, paramilitares (ajenos a la organización del Paro Nacional, como autores del incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá”.

UNIÓN MUNDO