SAN SALVADOR.- El Salvador registró entre 2014 y 2019 más de 22 mil denuncias de desapariciones de personas a manos de pandillas, policías, militares y particulares, según un informe de una ONG difundido este miércoles, que reclama ante la impunidad en la mayoría de los casos.

Se trata de una investigación realizada entre julio de 2020 y febrero de 2021 por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) junto a la investigadora Jannet Aguilar, con el apoyo de la Unión Europea y otros cooperantes.

“Lo que nos preocupa es la negación institucional, la negación política del fenómeno, con lo cual se alienta la impunidad”, dijo el director de la Fespad, Saúl Baños.

La desaparición “no solo es atribuible a pandillas, sino, lo que es mucho más grave, a cuerpos de seguridad tanto de la policía como del ejército, pero también hay grupos de personas particulares que predominan [en] grupos de exterminio que están teniendo esa práctica”, detalló.

En tanto, Aguilar explicó que “el estudio tiene como propósito fundamental generar conciencia sobre la dimensión y el impacto de este fenómeno criminal en las familias y en las comunidades (…) y ofrecer insumos para una respuesta institucional en materia de prevención”.

En base datos de la Policía, el estudio detalla que en el 40 por ciento de los avisos o denuncias, los desaparecidos eran personas de entre 18 y 40 años. Mientras que el 60 por ciento corresponden a hombres.

Desde que el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) alentó en 2012 una tregua entre pandillas para reducir los homicidios en el país, “las desapariciones aumentaron”, indicó Aguilar.

La escasa investigación de las desapariciones, “motivada principalmente por el interés político de mantener estadísticas favorables al gobierno de turno, ha servido como incentivo para que diversos actores criminales, incluyendo agentes del Estado, recurran a la desaparición”, denunció la Fespad en un comunicado.

Para combatir esta realidad, la fundación recomendó crear un registro nacional único de personas desaparecidas que “integre, coteje y valide” la información de distintas fuentes oficiales, ONGs, organismos humanitarios y del comité de desparecidos.

Además, recomendó someter a discusión de la Asamblea Legislativa (Congreso) una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conforme a los “estándares internacionales” de derechos humanos.

El Salvador cerró 2020 con 1.322 homicidios, lo que representa un promedio de 20 muertes por cada 100 mil habitantes. La cifra plasma una significativa reducción respecto de 2019 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992.

En el país operan las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, con unos 70 mil miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados.

EL PERIODICO