BUENOS AIRES.- En las últimas semanas varias organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado la situación que están viviendo los habitantes de Formosa, una provincia de Argentina, donde la gestión con los enfermos de COVID-19 y sus contactos estrechos en los centros de aislamiento están vulnerando los derechos humanos.

Formosa es la provincia de Argentina menos afectada por el coronavirus, pero varios organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han señalado que se debe a una abusiva política sanitaria por parte del gobierno regional de Gildo Insfrán, y han pedido la intervención del Gobierno Nacional.

SIN MEDIDAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

La polémica se ha desatado con las declaraciones de varias de las personas que han sufrido las cuarentenas excesivas y obligatorias de estos centros de aislamiento, donde han denunciado que no se cumplen las medidas mínimas de seguridad, higiene, ni privacidad. Algunos vídeos y fotografías se filtraban a través de las redes sociales, donde se podían ver las insalubres condiciones que se viven con varias personas hacinadas. Además, hace unos días unas fuertes lluvias destrozaron algunos de estos edificios.

AISLAMIENTO EN UN CENTRO O CORRER CON LOS GASTOS DE UN HOTEL

Las únicas dos alternativas que existen son el confinamiento en uno de estos centros habilitados o el aislamiento en un hotel, cuyos gastos recaen sobre los ciudadanos, algo que solo pueden permitirse quien tenga medios económicos suficientes, que suele ser una opción minoritaria en una región donde la pobreza es muy alta. Solo está permitido el aislamiento en el hogar para personas mayores de 60 años y con patologías médicas.

La directora adjunta de Amnistía Internacional, Paola García Rey, ha asegurado que desde que las denuncias comenzaron a hacerse públicas se han mejorado las condiciones higiénicas, pero el uso de espacios compartidos como baños y comedores siguen siendo deficiente y “no están dadas las condiciones sanitarias de aislamiento”. Muchas personas han denunciado que ellos mismos tienen que hacerse cargo de la limpieza, y llegan a compartir estos espacios hasta 30 personas. “Frente a esta situación, la gente está desesperada. Las puertas están custodiadas por la policía, que no deja entrar ni salir a nadie”, ha explicado.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América, también ha anunciado que desde la organización elaborarán un informe en los próximos días para demostrar si en Formosa se han producido vulneración de los derechos humanos, y ha subrayado que las denuncias recibidas son “graves, creíbles y serias”.

Ambas organizaciones ya se movilizaron contra el gobierno de Insfrán por el estricto cierre de fronteras que se saldó con la muerte de un hombre que cruzó el río nadando para poder ver a su hija. Finalmente, la Corte Suprema del país permitió la entrada pero con la condición de permanecer 14 días en los centros de aislamiento.

CADENASER