SANTIAGO DE CHILE.– La violencia perpetrada por la policía de Carabineros de Chile en el contexto de la crisis político-social iniciada en octubre del 2019 acumula más de 3 mil víctimas. Sin embargo, esta violencia, que dice relación con el uso excesivo de la fuerza, la violencia física, psíquica, sexual, las amenazas verbales y humillaciones, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, viene siendo recurrente desde mucho antes del estallido social.

Ante un nuevo 8M, resulta imperativo analizar la violencia perpetrada por parte de las policías hacia mujeres y niñas. Tan sólo en el estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró 313 hechos de violencia sexual. Esta violencia en particular busca reestablecer a través de la desigualdad en el poder y los roles tradicionales de género el orden que se ha “quebrantado” en contextos de manifestación y de protesta, como por ejemplo lo reportan las manifestaciones estudiantiles, en las cuales organizaciones feministas, como la Corporación Humanas, han denunciado violencia por parte de funcionarios de Carabineros de Chile hacia menores de edad, quienes han recibido desde humillaciones hasta tocamientos e insinuaciones sexuales.

Otro contexto de permanente violencia que se busca visibilizar de forma recurrente tiene relación con la institución de Carabineros y las policías como entes a los que las mujeres deben acudir para denunciar casos de violencia intrafamiliar. Un estudio exploratorio de la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres, publicado en noviembre del 2020, da cuenta de las respuestas y el accionar de Carabineros frente a denuncias de violencia realizadas por mujeres. El estudio muestra una constante: al momento de denunciar o intentar hacerlo, las respuestas y acciones por parte de las y los funcionarios corresponden a “burlas, revictimización, justificación de la violencia vivida, minimización, negación a tomar la denuncia, naturalización de lo ocurrido, entre otras”.

La violencia física y psicológica perpetrada por agentes del Estado a mujeres y niñas en diferentes contextos sin duda ha contribuido a la profunda crisis que hoy vive la institución y que nos permite cuestionar también a las diferentes instituciones que existen en nuestro país, interrelacionándose con las policías. Las respuestas de las policías, en un primer momento, como de funcionarios públicos encargados de realizar la primera acogida en el recorrido para obtener protección del Estado a mujeres que viven violencia y posteriormente, el poder judicial, junto con el rol que juega el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en la propuesta de políticas públicas, siempre han sido insuficientes, dando cuenta de la falta de compromiso para mejorar la protección hacia este grupo en ambas aristas: por un lado, garantizar la no violencia en el trato y recepción de la denuncia y, por otro lado, el resguardo de la víctima cuando se presenta un contexto en que la violencia no la ejerce un funcionario policial sino un tercero ajeno a la institución.

El debate por la refundación de Carabineros de Chile debe tener como punto central finalizar con las lógicas patriarcales que permean a toda la institución y que se ilustran en las situaciones anteriormente mencionadas. Una nueva policía debe construirse sobre pilares de reparación integral de las víctimas de violencia por parte de funcionarios policiales, además de garantizar la inclusión obligatoria de formaciones en materias de género y mejorar por parte de los organismos de Estado los mecanismos de denuncia de violencia y control policial, para hacer responsables a funcionarios ante hechos de violencia que afecten a mujeres, niñas y disidencias sexuales.

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